Sus preguntas jurídicas, nuestras respuestas

Idealmente antes de firmar un arrendamiento, una promesa de venta o un contrato de obra, o en cuanto surja un litigio: muchos plazos son cortos.

Sí, pero en principio debe pagar al arrendatario una indemnización de desalojo equivalente al perjuicio causado por la no renovación, salvo motivo grave y legítimo u otros casos previstos por la ley.

Sí. La revisión trienal es posible, en principio limitada a la variación del índice aplicable, salvo modificación material de los factores locales de comercialidad. Una cláusula de indexación también puede prever una actualización automática.

Diez años desde la recepción de las obras. Cubre los daños que comprometen la solidez de la obra o la hacen impropia para su destino.

La aseguradora debe pronunciarse en los plazos legales tras la declaración del siniestro. Si no lo hace, el asegurado puede, previa notificación, realizar los gastos necesarios para la reparación. Un abogado comprueba que la declaración sea correcta y que se respeten los plazos.

Dos meses desde la notificación del acta, para los propietarios que votaron en contra o no asistieron. La acción se presenta ante el tribunal judicial del lugar del inmueble.

Sí. El departamento inmobiliario actúa ante los tribunales de Versalles, París y toda la región de Île-de-France, y más ampliamente en Francia.

Diez días, cuando un comprador no profesional adquiere una vivienda. El plazo corre desde el día siguiente a la primera presentación de la carta certificada que le notifica el contrato, o desde su entrega en mano. Durante ese plazo puede desistir sin motivo ni penalización.

El comprador dispone de dos años desde el descubrimiento del vicio para actuar. Puede pedir la anulación de la venta o una reducción del precio. La cláusula de exclusión de garantía que suele figurar en la escritura no protege al vendedor que conocía el vicio ni al vendedor profesional.

Tres garantías corren desde la recepción de las obras: la garantía de perfecto acabado, durante un año, para todos los defectos señalados en la recepción o aparecidos durante el año; la garantía bienal de buen funcionamiento, durante dos años, para los equipos separables del edificio; y la garantía decenal, durante diez años, para los daños que comprometen la solidez de la obra o la hacen impropia para su destino.

Fuente oficial: Service-Public.fr (ficha oficial, en francés)

La recepción es el acto por el que el propietario declara aceptar la obra, con o sin reservas; suele constar en un acta. Los defectos visibles deben indicarse como reservas; de lo contrario, se consideran en principio aceptados. La recepción hace correr las garantías legales y marca la transferencia de la custodia de la obra.

Fuente oficial: Service-Public.fr (ficha oficial, en francés)

El contrato de venta sobre plano fija un plazo o una fecha de entrega y, a menudo, penalizaciones por retraso, así como causas legítimas de suspensión del plazo (mal tiempo, quiebra de una empresa…). Conviene comprobar si las causas alegadas por el promotor están previstas en el contrato y justificadas, enviar un requerimiento al vendedor y, a falta de acuerdo, pedir judicialmente la aplicación de las penalizaciones o la indemnización del perjuicio.

El seguro dommages-ouvrage es obligatorio para quien encarga obras de construcción. Permite obtener la prefinanciación de las reparaciones cubiertas por la garantía decenal, sin esperar a que un tribunal se pronuncie sobre las responsabilidades. La aseguradora dispone de plazos legales para tomar posición y después presentar una oferta de indemnización; luego se dirige contra los constructores responsables y sus aseguradoras.

Fuente oficial: Service-Public.fr (ficha oficial, en francés)

El arrendamiento comercial se celebra por un mínimo de nueve años. El arrendatario puede en principio rescindirlo al final de cada periodo trienal, con al menos seis meses de antelación; no obstante, algunos contratos pueden excluir esta facultad (arrendamientos de más de nueve años, locales monovalentes, oficinas, locales de almacenamiento). El arrendador solo puede poner fin al contrato al final de un periodo trienal en casos limitados previstos por la ley.

Fuente oficial: Service-Public.fr (ficha oficial, en francés)

El arrendamiento derogatorio, o de corta duración, permite eludir el régimen de los arrendamientos comerciales durante un periodo total que no puede superar tres años, renovaciones incluidas. Si el arrendatario permanece y se le deja en posesión más de un mes después del vencimiento, nace un nuevo arrendamiento sujeto al régimen comercial, con una duración de nueve años.

Fuente oficial: Service-Public.fr (ficha oficial, en francés)

Sí, en principio. Desde la ley Pinel de 2014, el arrendatario de un local comercial o artesanal goza de un derecho de preferencia: el propietario que pretende vender el local debe informarle y hacerle una oferta de venta. Este derecho tiene excepciones, en particular en caso de venta global de un inmueble con varios locales comerciales o de venta al cónyuge, a un ascendiente o a un descendiente del arrendador.

El contrato debe incluir un inventario preciso de las categorías de gastos, impuestos, tasas y cánones, con su reparto entre arrendador y arrendatario. Algunos gastos no pueden imputarse al arrendatario, en particular las grandes reparaciones del artículo 606 del Código Civil (muros maestros, bóvedas, tejados enteros, muros de contención). El impuesto sobre bienes inmuebles (taxe foncière) puede repercutirse si el contrato lo prevé.

Fuente oficial: Service-Public.fr (ficha oficial, en francés)

Las acciones basadas en el régimen de los arrendamientos comerciales prescriben en principio a los dos años. Es el caso, en particular, de la acción del arrendatario para reclamar una indemnización por desalojo tras una negativa de renovación, que debe ejercerse en los dos años siguientes a la fecha en que surtió efecto la notificación o la negativa. Este plazo corto es una trampa frecuente.

Fuente oficial: Service-Public.fr (ficha oficial, en francés)

El administrador (syndic) envía primero un requerimiento. Si no tiene efecto en treinta días, las provisiones del ejercicio aún no vencidas pasan a ser exigibles y el administrador puede acudir al presidente del tribunal judicial mediante un procedimiento acelerado. La comunidad dispone de garantías sobre el lote del propietario moroso y, en último extremo, puede instar la venta forzosa del lote.

Fuente oficial: Service-Public.fr (ficha oficial, en francés)

El administrador es designado por la junta general de propietarios por la mayoría del artículo 25 de la ley de 10 de julio de 1965. Para cambiarlo, hay que incluir en el orden del día la designación de un nuevo administrador, con los proyectos de contrato en competencia; el consejo sindical desempeña un papel central en esta comparación. El contrato del administrador saliente termina en la fecha fijada por la junta.

Fuente oficial: Service-Public.fr (ficha oficial, en francés)

Las obras realizadas únicamente en las partes privativas son libres, siempre que respeten el reglamento de la comunidad y no afecten al destino del edificio ni a los derechos de los demás propietarios. En cambio, las obras que afectan a las partes comunes o al aspecto exterior del edificio (muros de carga, fachada, redes comunes…) requieren la autorización previa de la junta general.

Fuente oficial: Service-Public.fr (ficha oficial, en francés)

El vendedor debe aportar un expediente de diagnóstico técnico cuyo contenido depende del inmueble: certificado de eficiencia energética, informe de riesgos y, según el caso, informes de amianto, plomo, termitas, instalaciones eléctricas y de gas, y saneamiento individual, entre otros. Además, se exige una auditoría energética para la venta de algunas casas y edificios de propietario único menos eficientes. En una comunidad de propietarios se añaden documentos específicos.

Fuente oficial: Service-Public.fr (ficha oficial, en francés)

Cuando el comprador indica en el precontrato que financia la compra con un préstamo, la venta se celebra bajo la condición suspensiva de obtener dicho préstamo, y esta condición no puede preverse por menos de un mes. Si el préstamo se deniega pese a haberlo solicitado conforme al contrato, la venta no se realiza y se devuelven al comprador las cantidades entregadas.

Fuente oficial: Service-Public.fr (ficha oficial, en francés)

Una vez vencido el plazo de desistimiento del comprador no profesional, el compromiso de compraventa obliga a ambas partes: la que desiste puede ser obligada judicialmente a ejecutar la venta o condenada a pagar daños y perjuicios, a menudo fijados por una cláusula penal. En una promesa unilateral, el vendedor ya no puede retractarse durante el plazo de opción, y el comprador que no ejerce la opción pierde en general la indemnización de inmovilización.

Fuente oficial: Service-Public.fr (ficha oficial, en francés)

Sí: forma social, estatutos, pactos, arrendamientos comerciales y contratos de trabajo, en español.

En cuanto hay varios socios, un pacto permite organizar la gobernanza, las entradas y salidas y la resolución de bloqueos, de forma confidencial, lo que los estatutos no siempre permiten.

Un procedimiento amistoso y confidencial, abierto por el presidente del tribunal, en el que un conciliador ayuda a la empresa a alcanzar un acuerdo con sus principales acreedores. Es posible mientras la empresa no esté en cesación de pagos desde hace más de 45 días.

Un compromiso del vendedor, en el contrato de compraventa de participaciones, de indemnizar al comprador si aparece después un pasivo nacido antes de la venta, o si un activo resulta sobrevalorado. El límite, la franquicia, la duración y la garantía que la asegura (aval bancario o depósito) se negocian.

No, si la relación está consolidada. El Código de Comercio francés sanciona la ruptura brusca: el preaviso escrito debe tener en cuenta la duración de la relación. Un preaviso de dieciocho meses protege a quien rompe frente a una acción por preaviso insuficiente. Una falta grave de la otra parte puede justificar una ruptura inmediata.

En ambos casos, la responsabilidad de los socios se limita en principio a sus aportaciones. La SARL se rige por normas fijadas en gran medida por la ley y tiene como máximo cien socios; su gerente mayoritario está en el régimen de trabajadores no asalariados. La SAS ofrece una gran libertad estatutaria para organizar la gobernanza y la entrada de inversores; su presidente se asimila a un asalariado a efectos de protección social. La elección depende del proyecto, la fiscalidad y la remuneración de los directivos.

En una SARL o una SAS, el capital lo fijan libremente los socios y puede ser de un euro. En una sociedad anónima (SA), el capital mínimo es de 37.000 euros. No obstante, un capital demasiado bajo puede perjudicar la credibilidad de la sociedad ante bancos y socios comerciales, y debe ser coherente con las necesidades de la actividad.

La cesión del fondo de comercio afecta a los elementos de la actividad (clientela, nombre, arrendamiento, material); la sociedad vendedora conserva su pasivo y se aplican formalidades de publicidad y de oposición de acreedores. La cesión de participaciones transmite la propia sociedad, con sus activos y deudas, lo que suele justificar una garantía de activo y pasivo. En las empresas de menos de 250 trabajadores, estos deben ser informados en principio antes de la cesión.

El directivo puede incurrir en responsabilidad civil frente a la sociedad o los socios por una falta de gestión o una infracción de la ley o de los estatutos, y frente a terceros por una falta separable de sus funciones. También puede incurrir en responsabilidad penal, por ejemplo por apropiación indebida de bienes sociales (abus de biens sociaux). En caso de liquidación judicial, puede ser condenado a soportar total o parcialmente la insuficiencia de activo si cometió una falta de gestión que contribuyó a ella.

La solución más sencilla sigue siendo la recompra negociada de sus participaciones. En una SAS, los estatutos pueden prever una cláusula de exclusión, siempre que se respete estrictamente su procedimiento. En caso de desavenencia grave que paralice el funcionamiento de la sociedad, un socio puede pedir al tribunal la disolución anticipada por causas justificadas. Redactar bien los estatutos y el pacto de socios desde el principio evita muchos de estos bloqueos.

Salvo excepciones, el plazo pactado no puede superar 60 días desde la fecha de emisión de la factura, o 45 días fin de mes si las partes lo han estipulado expresamente. A falta de acuerdo, el plazo es de 30 días tras la recepción de las mercancías o la ejecución del servicio. Todo retraso da lugar a penalizaciones por demora y a una indemnización a tanto alzado de 40 euros por gastos de cobro.

Fuente oficial: Service-Public.fr (ficha oficial, en francés)

Tras los recordatorios, un requerimiento formaliza la reclamación. Si no surte efecto, existen varias vías: el procedimiento simplificado de cobro de pequeñas deudas, a cargo de un comisario de justicia, para créditos que no superen 5.000 euros; el requerimiento de pago (injonction de payer), solicitado al juez mediante escrito; el procedimiento sumario de provisión (référé-provision) cuando la deuda no es seriamente discutible; o una demanda sobre el fondo.

Fuente oficial: Service-Public.fr (ficha oficial, en francés), Service-Public.fr (ficha oficial, en francés) (2)

Entre profesionales, el proveedor que establece condiciones generales de venta debe comunicarlas a todo comprador que las solicite para su actividad profesional. Constituyen la base única de la negociación comercial y deben contener ciertas menciones, en particular las condiciones de pago y las penalizaciones por demora. Su redacción merece especial cuidado, porque condicionan la seguridad de las relaciones con los clientes.

Fuente oficial: Service-Public.fr (ficha oficial, en francés)

Para los contratos celebrados desde el 1 de octubre de 2016, el artículo 1195 del Código Civil permite a una parte pedir la renegociación cuando un cambio de circunstancias imprevisible en el momento de la celebración hace la ejecución excesivamente onerosa para ella, si no había aceptado asumir ese riesgo. En caso de negativa o fracaso, las partes pueden acordar la resolución o acudir al juez, que puede revisar el contrato o ponerle fin. Esta regla puede excluirse mediante una cláusula contractual.

Sí. El Código Civil reconoce al escrito electrónico la misma fuerza probatoria que al escrito en papel, siempre que pueda identificarse a su autor y se garantice su integridad. La firma electrónica es válida si se basa en un procedimiento fiable de identificación; la firma electrónica cualificada en el sentido del Reglamento europeo eIDAS goza de una presunción de fiabilidad. Algunos actos siguen sujetos a formas especiales.

Una empresa está en cesación de pagos cuando ya no puede hacer frente a su pasivo exigible con su activo disponible. El directivo debe entonces solicitar al tribunal la apertura de un procedimiento colectivo en un plazo de 45 días, salvo que en ese plazo haya solicitado una conciliación. Una declaración tardía puede exponer al directivo a sanciones, en particular una prohibición de gestionar.

Fuente oficial: Service-Public.fr (ficha oficial, en francés)

La salvaguarda se abre a petición de una empresa con dificultades que no puede superar pero que no está en cesación de pagos; busca reorganizar la actividad. El saneamiento judicial (redressement) afecta a la empresa en cesación de pagos cuyo rescate sigue siendo posible, mediante un plan de continuación o de cesión. La liquidación judicial se declara cuando el saneamiento es manifiestamente imposible: pone fin a la actividad y organiza la venta de los activos.

Fuente oficial: Service-Public.fr (ficha oficial, en francés), Service-Public.fr (ficha oficial, en francés) (2), Service-Public.fr (ficha oficial, en francés) (3)

El mandato ad hoc es un procedimiento amistoso y confidencial: a petición del directivo, el presidente del tribunal designa un mandatario encargado de ayudar a la empresa a negociar con sus principales acreedores o socios. Está reservado a las empresas que no están en cesación de pagos. Su confidencialidad preserva la relación con clientes y proveedores.

Fuente oficial: Service-Public.fr (ficha oficial, en francés)

El acreedor debe declarar su crédito ante el mandatario judicial en un plazo de dos meses desde la publicación de la sentencia de apertura en el BODACC (cuatro meses si está establecido fuera de Francia metropolitana). Transcurrido ese plazo, ya no puede participar en los repartos, salvo que obtenga un levantamiento de la caducidad, que debe solicitarse en un plazo limitado. Por ello es esencial vigilar las publicaciones relativas a los propios clientes.

Las obligaciones nacidas entre comerciantes, o entre comerciantes y no comerciantes con ocasión de su comercio, prescriben en principio a los cinco años, como las acciones personales de derecho común, desde el día en que el titular del derecho conoció o debió conocer los hechos que le permiten actuar. Existen plazos más cortos en algunas materias, por ejemplo dos años para la acción de un profesional contra un consumidor por los bienes o servicios que le suministró.

Las resoluciones de la UE circulan en principio sin exequátur. Las demás deben declararse ejecutivas por un tribunal francés.

En la Unión Europea, el Reglamento Bruselas II ter atiende principalmente a la residencia habitual de los cónyuges. Pueden ser competentes varios tribunales, y la elección del primero al que se acude puede tener consecuencias importantes.

En principio, la ley del Estado de su última residencia habitual, en aplicación del Reglamento europeo de sucesiones, salvo que haya elegido en testamento la ley francesa, la de su nacionalidad.

En Francia, el Reglamento europeo Roma III permite a los cónyuges elegir la ley aplicable: la de su residencia habitual, la de la nacionalidad de uno de ellos o la del tribunal. A falta de elección, se aplica en principio la ley de su residencia habitual común en el momento de presentar la demanda. La ley aplicable puede cambiar el resultado económico.

En la Unión Europea circula gracias al certificado previsto por el Reglamento Bruselas II ter. Fuera de la Unión, su reconocimiento no está garantizado, ya que algunos países exigen una resolución judicial. Si uno de los cónyuges vive en el extranjero o tiene bienes allí, conviene comprobarlo antes de elegir el procedimiento.

Fuera de la Unión Europea y a falta de convenio, el tribunal francés comprueba tres condiciones: el litigio tiene una vinculación caracterizada con el país del juez extranjero, la resolución es conforme al orden público internacional, de fondo y de procedimiento, y no se obtuvo mediante fraude. El juez francés no vuelve a juzgar el asunto.

A menudo es posible. El Reglamento europeo Bruselas II ter establece varios criterios de competencia, basados principalmente en la residencia habitual de los cónyuges; los tribunales franceses son competentes en particular cuando ambos cónyuges tienen la nacionalidad francesa, aunque residan fuera de Francia. Hay que analizar cada caso, porque la elección del país donde se divorcia puede cambiar la ley aplicable y las consecuencias económicas.

Fuente oficial: EUR-Lex

Una resolución de divorcio dictada en otro Estado miembro de la Unión Europea (salvo Dinamarca) se reconoce en Francia sin procedimiento especial. Una resolución dictada fuera de la Unión produce en principio efectos en Francia si el juez extranjero era competente, si no contraría el orden público internacional y si no se obtuvo de forma fraudulenta. Para inscribir el divorcio en el registro civil de un ciudadano francés, se solicita una verificación de oponibilidad al fiscal de Nantes.

Fuente oficial: EUR-Lex

Para las parejas casadas desde el 29 de enero de 2019, el Reglamento europeo 2016/1103 permite elegir la ley aplicable (la de la nacionalidad o la residencia habitual de uno de los cónyuges). A falta de elección, se aplica la ley de la primera residencia habitual común tras el matrimonio y, en su defecto, la de la nacionalidad común o la del país con el que la pareja tenga los vínculos más estrechos. Los matrimonios anteriores se rigen por otras normas, en particular el Convenio de La Haya de 1978 para los celebrados desde el 1 de septiembre de 1992.

Fuente oficial: EUR-Lex

Hay que actuar con rapidez. Entre los Estados parte del Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980, el progenitor puede solicitar la restitución inmediata del menor trasladado o retenido ilícitamente, a través de la autoridad central (en Francia, el Ministerio de Justicia) o directamente ante el juez del país donde se encuentra el menor. Si la solicitud se presenta menos de un año después del traslado, la restitución se ordena en principio, salvo excepciones limitadas. También puede presentarse una denuncia penal.

Fuente oficial: HCCH

Sí. Dentro de la Unión Europea, el Reglamento 4/2009 permite en principio ejecutar una resolución en materia de alimentos en otro Estado miembro sin procedimiento de exequátur, y organiza la cooperación entre autoridades centrales. Con muchos otros países, el Convenio de La Haya de 23 de noviembre de 2007 facilita el cobro internacional de alimentos. Los trámites dependen del país en que se encuentre el deudor.

Fuente oficial: EUR-Lex

Para los jueces de la Unión Europea, la ley aplicable a las obligaciones alimenticias se determina por el Protocolo de La Haya de 23 de noviembre de 2007: en principio es la ley de la residencia habitual del acreedor, pero un cónyuge puede oponerse cuando la ley de otro Estado tenga un vínculo más estrecho con el matrimonio. Los cónyuges también pueden elegir la ley aplicable, dentro de ciertos límites. La prestación compensatoria francesa está incluida en estas normas.

Sí. El Reglamento europeo de sucesiones, aplicable a los fallecimientos ocurridos desde el 17 de agosto de 2015, somete en principio toda la sucesión a la ley del Estado de la última residencia habitual del causante, pero permite a cada persona elegir, en un testamento, la ley de su nacionalidad. Desde 2021, cuando la ley extranjera aplicable no contempla la legítima, los hijos pueden, bajo ciertas condiciones, ejercer una detracción compensatoria sobre los bienes situados en Francia.

Fuente oficial: EUR-Lex

Creado por el Reglamento europeo de sucesiones, este certificado permite a los herederos, legatarios o albaceas acreditar su condición y sus derechos en los demás Estados miembros vinculados por el Reglamento, sin otra formalidad. En Francia lo expide un notario. Facilita en particular el acceso a las cuentas bancarias y la transmisión de bienes situados en varios países de la Unión.

Fuente oficial: EUR-Lex

Por lo general, sí. El Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961, vigente en Francia, admite la validez formal de un testamento conforme, en particular, a la ley del lugar donde se otorgó, a la de la nacionalidad, el domicilio o la residencia habitual del testador o, para los inmuebles, a la ley del lugar donde están situados. Su contenido, en cambio, depende de la ley aplicable a la sucesión.

En general, no. En materia civil y mercantil, el Reglamento Bruselas I bis suprime el exequátur para las resoluciones dictadas en procedimientos iniciados desde el 10 de enero de 2015: la resolución es ejecutiva en Francia con la presentación de una copia y de un certificado expedido por el tribunal de origen. Existen normas similares en materia de familia. La parte condenada puede, no obstante, solicitar la denegación de la ejecución en casos limitados.

Fuente oficial: EUR-Lex

La apostilla es una formalidad prevista por el Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961, que sustituye a la legalización para los documentos públicos que circulan entre Estados parte: certifica el origen del documento (firma, calidad del firmante, sello). No es necesaria entre países dispensados por un acuerdo; dentro de la Unión Europea, un reglamento exime de legalización y apostilla a numerosos documentos públicos, como las actas de nacimiento o de matrimonio.

Ante los tribunales y las administraciones franceses, los documentos redactados en lengua extranjera deben ir acompañados en principio de una traducción, realizada generalmente por un traductor jurado inscrito ante un tribunal de apelación. Dentro de la Unión Europea, unos formularios multilingües pueden evitar la traducción de ciertos documentos del registro civil. Conviene comprobar los requisitos antes de encargar traducciones.

En principio, son competentes los tribunales del Estado de residencia habitual del menor para resolver sobre la responsabilidad parental. Este principio resulta del Reglamento Bruselas II ter entre Estados de la Unión Europea y del Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 con los demás Estados parte. Existen excepciones, en particular en caso de traslado ilícito del menor o de acuerdo de los padres sobre otro juez.

Fuente oficial: EUR-Lex

Un matrimonio celebrado en el extranjero según la forma local es en principio válido en Francia, siempre que se cumplan los requisitos de fondo (edad, consentimiento, ausencia de matrimonio anterior). Cuando uno de los cónyuges es francés, el matrimonio debe transcribirse en el registro civil francés, a través del consulado competente, para ser oponible en Francia; también hay formalidades previas al matrimonio.

Desde el 1 de enero de 2021, los reglamentos europeos (competencia, reconocimiento de resoluciones, alimentos) ya no se aplican a los nuevos procedimientos entre Francia y el Reino Unido. Se aplican ahora los convenios internacionales de los que ambos países son parte, en particular los Convenios de La Haya de 1980 sobre sustracción de menores, de 1996 sobre protección de menores y de 2007 sobre cobro de alimentos, junto con las normas nacionales de cada país.

Fuente oficial: HCCH

En principio dos años desde el hecho que da origen a la acción, con reglas particulares de interrupción. Este plazo debe vigilarse desde la declaración del siniestro.

El plazo lo fija la póliza, pero no puede ser inferior a cinco días hábiles desde que el asegurado tiene conocimiento del siniestro. Es de dos días hábiles en caso de robo, y de treinta días como máximo tras la publicación del decreto de catástrofe natural. Una declaración tardía solo conlleva la pérdida de la cobertura si la póliza lo prevé y si el retraso causó un perjuicio a la aseguradora.

Fuente oficial: Service-Public.fr (ficha oficial, en francés)

Primero hay que obtener por escrito los motivos de la negativa y comprobar las cláusulas invocadas de la póliza. Se puede presentar una reclamación al servicio correspondiente de la aseguradora y, si la respuesta no es satisfactoria, al mediador de seguros, de forma gratuita. Después puede acudirse al tribunal. Atención al plazo de dos años para actuar contra la aseguradora, que puede interrumpirse en particular mediante una carta certificada.

Fuente oficial: Mediador de seguros (La Médiation de l'Assurance), Service-Public.fr (ficha oficial, en francés)

No. El Código de Seguros exige que las exclusiones sean formales y limitadas, es decir, redactadas de forma clara y precisa sin vaciar la cobertura de contenido, y que figuren en caracteres muy visibles en la póliza. Una exclusión ambigua o demasiado general puede ser descartada por el juez. Corresponde a la aseguradora probar que se cumplen las condiciones de la exclusión.

Una declaración falsa intencionada sobre el riesgo, al contratar o durante la vigencia de la póliza, conlleva la nulidad del contrato cuando cambió el objeto del riesgo o redujo su apreciación por la aseguradora; las primas pagadas quedan para la aseguradora. Si la declaración falsa no es intencionada y se descubre tras un siniestro, la indemnización se reduce en proporción a las primas pagadas respecto de las que se habrían debido.

Para el seguro de automóvil y el de hogar, como para otras pólizas que cubren a particulares, el asegurado puede rescindir en cualquier momento tras el primer año, sin gastos ni penalizaciones; la rescisión surte efecto un mes después de la recepción de la solicitud. El seguro de préstamo puede rescindirse en cualquier momento. Fuera de estos casos, la rescisión se hace en principio al vencimiento anual o por un motivo previsto por la ley (mudanza, cambio de situación…).

Fuente oficial: Service-Public.fr (ficha oficial, en francés), Service-Public.fr (ficha oficial, en francés) (2)

Sí, si la póliza lo prevé. La aseguradora debe respetar entonces un preaviso de un mes, y el asegurado puede, en el mes siguiente, rescindir las demás pólizas contratadas con la misma aseguradora. Debe reembolsarse la parte de prima correspondiente al periodo no cubierto. Se aplican normas particulares según el tipo de contrato.

Fuente oficial: Service-Public.fr (ficha oficial, en francés)

La valoración suele basarse en el informe del perito designado por la aseguradora. El asegurado puede hacerse asistir por su propio perito para una peritación contradictoria; algunas pólizas cubren sus honorarios. Si el desacuerdo persiste, la póliza puede prever el recurso a un tercer perito, y el juez puede ordenar una pericial judicial. Hay que vigilar el plazo de dos años para actuar.

La garantía de catástrofe natural, incluida en las pólizas de seguro de bienes, se aplica cuando un decreto interministerial declara el estado de catástrofe natural. El siniestro debe declararse a más tardar treinta días después de la publicación del decreto. La aseguradora debe abonar un anticipo en los dos meses siguientes a la entrega de la estimación de daños o a la publicación del decreto, y la indemnización en un plazo de tres meses. Una franquicia legal queda a cargo del asegurado.

Fuente oficial: Service-Public.fr (ficha oficial, en francés)

Entre aseguradoras, los daños por agua en los edificios se tramitan en gran medida mediante un convenio profesional (convenio IRSI) que designa a la aseguradora encargada de gestionar el siniestro, a menudo la del ocupante del local dañado para los daños más habituales. Este convenio organiza la gestión entre aseguradoras, pero no priva a la víctima de sus derechos frente al responsable. Hay que declarar el siniestro a la propia aseguradora, con un parte amistoso cuando sea posible.

Numerosas profesiones están sujetas a la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil profesional, en particular las profesiones sanitarias, las profesiones jurídicas reguladas, los agentes inmobiliarios o los intermediarios de seguros. En la construcción, los constructores deben contratar un seguro de responsabilidad decenal y el promotor de la obra un seguro dommages-ouvrage. Para las demás actividades, el seguro de responsabilidad civil profesional sigue siendo muy recomendable.

Sí. Antes de celebrar el contrato, el distribuidor de seguros (aseguradora, corredor o agente) debe precisar las exigencias y necesidades del cliente y proponerle un contrato coherente con ellas, entregándole información clara sobre el producto. Un incumplimiento de este deber puede generar su responsabilidad si el cliente queda mal cubierto por un asesoramiento inadecuado.

El prestatario puede cambiar de seguro de préstamo en cualquier momento, siempre que el nuevo contrato ofrezca garantías equivalentes. El cuestionario de salud se suprime para los préstamos hipotecarios cuya parte asegurada no supere 200.000 euros por persona y cuyo vencimiento sea anterior al 60.º cumpleaños del prestatario. El derecho al olvido permite no declarar ciertos cánceres o una hepatitis C cinco años después del fin del tratamiento sin recaída.

Hay que presentar denuncia ante la policía o la gendarmería, declarar el robo a la aseguradora en un plazo de dos días hábiles y reunir los justificantes del valor de los bienes (facturas, fotos, tasaciones). Las condiciones de cobertura varían según las pólizas: algunas exigen señales de fractura o medidas de protección específicas. La indemnización se calcula según lo previsto en la póliza, con o sin deducción por antigüedad.

Toda persona que crea ser beneficiaria de un seguro de vida contratado por una persona fallecida puede consultar gratuitamente a la AGIRA, que transmite la solicitud a las aseguradoras. Una vez recibidos los documentos necesarios, la aseguradora dispone de un mes para abonar el capital; de lo contrario, se deben intereses de demora. El beneficiario dispone en principio de diez años para actuar desde el día en que tuvo conocimiento del fallecimiento.

Sí. La víctima de un daño dispone de una acción directa contra la aseguradora de responsabilidad civil del responsable, sin necesidad de demandar primero a este. La aseguradora puede oponerle los límites y exclusiones de la póliza, salvo excepciones previstas por la ley, en particular en el seguro obligatorio de automóviles.

El despacho está en el 3 rue de Marly, en Versalles, y en el 25 avenue George V, en París (distrito 8). Sus abogados están colegiados en Versalles y París.

Sí. Varios abogados trabajan en español, inglés y alemán, y el despacho cuenta con corresponsales en 29 países a través de las redes IAFL e IGAL.

Los honorarios se pactan por escrito antes de empezar: por horas, a tanto alzado o mediante iguala, a veces con un honorario de éxito. Le damos una estimación en la primera cita.