Sociedades, adquisiciones y transmisiones

Un compromiso del vendedor, en el contrato de compraventa de participaciones, de indemnizar al comprador si aparece después un pasivo nacido antes de la venta, o si un activo resulta sobrevalorado. El límite, la franquicia, la duración y la garantía que la asegura (aval bancario o depósito) se negocian.

En ambos casos, la responsabilidad de los socios se limita en principio a sus aportaciones. La SARL se rige por normas fijadas en gran medida por la ley y tiene como máximo cien socios; su gerente mayoritario está en el régimen de trabajadores no asalariados. La SAS ofrece una gran libertad estatutaria para organizar la gobernanza y la entrada de inversores; su presidente se asimila a un asalariado a efectos de protección social. La elección depende del proyecto, la fiscalidad y la remuneración de los directivos.

En una SARL o una SAS, el capital lo fijan libremente los socios y puede ser de un euro. En una sociedad anónima (SA), el capital mínimo es de 37.000 euros. No obstante, un capital demasiado bajo puede perjudicar la credibilidad de la sociedad ante bancos y socios comerciales, y debe ser coherente con las necesidades de la actividad.

La cesión del fondo de comercio afecta a los elementos de la actividad (clientela, nombre, arrendamiento, material); la sociedad vendedora conserva su pasivo y se aplican formalidades de publicidad y de oposición de acreedores. La cesión de participaciones transmite la propia sociedad, con sus activos y deudas, lo que suele justificar una garantía de activo y pasivo. En las empresas de menos de 250 trabajadores, estos deben ser informados en principio antes de la cesión.

El directivo puede incurrir en responsabilidad civil frente a la sociedad o los socios por una falta de gestión o una infracción de la ley o de los estatutos, y frente a terceros por una falta separable de sus funciones. También puede incurrir en responsabilidad penal, por ejemplo por apropiación indebida de bienes sociales (abus de biens sociaux). En caso de liquidación judicial, puede ser condenado a soportar total o parcialmente la insuficiencia de activo si cometió una falta de gestión que contribuyó a ella.

La solución más sencilla sigue siendo la recompra negociada de sus participaciones. En una SAS, los estatutos pueden prever una cláusula de exclusión, siempre que se respete estrictamente su procedimiento. En caso de desavenencia grave que paralice el funcionamiento de la sociedad, un socio puede pedir al tribunal la disolución anticipada por causas justificadas. Redactar bien los estatutos y el pacto de socios desde el principio evita muchos de estos bloqueos.